El desborde de minas antipersonales fue aprovechado por el gobierno chileno para alambrar su versión de la frontera.

En las inmediaciones del emblemático Hito 1, en la frontera entre Perú y Chile, se respiran aires nuevos y cargados. Acaba de ser instalada una franja de alambrado de aproximadamente un kilómetro. Cuando al mediodía del martes 13 el corresponsal gráfico de CARETAS se acerca a los policías peruanos apostados, de inmediato arranca la camioneta de carabineros del lado chileno y un par de efectivos se acercan a averiguar sobre las visitas.

El alambrado es consecuencia del reciente incidente ocurrido con las minas antipersonales y antitanque que datan de la dictadura de Augusto Pinochet. Las lluvias del altiplano provocaron la inundación del Río Seco y el “afloramiento” de más de 150 minas. En consecuencia, el gobierno de Sebastián Piñera cerró durante dos días la frontera, entre el 21 y 23 del pasado febrero (CARETAS 2220). El ministro de Defensa, Andrés Allemand, supervisó los trabajos.

La Convención de Ottawa es el instrumento internacional que compromete a los países a eliminar todas las minas antipersonales para 2020. Mientras tanto, sus previsiones incluyen alambrados como el que ahora delimita en la práctica la frontera binacional.

El detalle importante se encuentra ahí, en el último tramo del alambrado, en el espacio que va del Hito 1 a la orilla.

Para Chile, la frontera terrestre culmina en el Hito 1. Según la posición del Perú, termina en el Punto de la Concordia, a 264 metros y medio, donde las olas lamen la arena. La diferencia es sustancial en la controversia de delimitación marítima que sigue su curso en la Corte Internacional de La Haya.

En ese tramo final el alambrado ha sido instalado en el sentido del paralelo, lo que refleja la postura chilena. Por el contrario, el Perú sostiene que la frontera marítima se define por la línea bisectriz de ambas costas.

Con un delicado proceso jurídico en marcha, este alambre viene lleno de púas.

El sábado 3 de marzo el presidente Ollanta Humala ofreció su única declaración al respecto, cuando respondió a un periodista que le preguntó si se había “desplazado” el Hito 1. “No se ha corrido ningún hito”, desmintió. “Lo que nos preocupa son las minas que se puedan haber pasado al territorio nuestro”.

El gobierno peruano prefirió no hacer olas públicas pero tampoco se ha quedado de brazos cruzados. En los últimos días, el canciller Rafael Roncagliolo asistió a una sesión reservada de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso. Con el mismo secreto se reunió la Comisión de Defensa.

Adicionalmente, Roncagliolo sostuvo entrevistas a puerta cerrada con los principales dirigentes políticos del país, entre los que se cuentan el ex presidente Alejandro Toledo y la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano. Trascendió que su objetivo era garantizar un frente unido ante lo que en el gobierno se considera una invitación para pisar el palito. O el alambre.

Lo que se conoció en los medios fue que el Perú envió una nota de protesta el 24 de febrero por la presencia de militares chilenos en territorio peruano cuando hacían sus trabajos el día anterior.

Los términos del comunicado de prensa, pues no se dieron a conocer exactamente los de la nota enviada a Relaciones Exteriores de Chile, se cuidan de no aludir directamente al alambrado:

“El día 23 de febrero, personal técnico peruano desplazado a la zona pudo constatar la presencia de efectivos chilenos en un área de territorio peruano, entre el Hito No. 1 y la orilla del mar, realizando labores de señalización del curso del deslizamiento que alcanzó territorio del Perú. En esas circunstancias, y tratándose de un ingreso no autorizado de personal militar extranjero, el Gobierno del Perú ha entregado una nota de protesta al Gobierno de Chile el día 24 de febrero. En la nota entregada se deja claramente señalado que las labores realizadas por efectivos chilenos no prejuzgan ni afectan la soberanía y jurisdicción del Perú ni el límite establecido en virtud del Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión Mixta de límites en 1929 y 1930”.

La respuesta chilena de ese mismo día tenía que ser leída entre líneas:

“La señalización de áreas de riesgo (nota de edición: se refiere al alambrado) y la determinación de una zona de exclusión, mediante tareas que han concluido en el terreno, constituyen una expresión del cumplimiento de las obligaciones internacionales en el territorio y los espacios marítimos sujetos a soberanía, jurisdicción y control de nuestro país, conforme al Tratado de 1929 y demás tratados limítrofes que vinculan a ambos países”.

Es decir, en ese orden de ideas, el alambrado se encuentra en territorio chileno.

En la nota, el Perú reitera que no acepta la disposición del alambrado y la desvincula del proceso ante La Haya, cuya fase oral comenzará antes de fin de año.

“Es una provocación tonta en la medida que no tiene ningún efecto jurídico”, confía una fuente familiarizada con la controversia. “Una provocación patriotera con la que se pretende levantar reacciones. Es una actitud hostil y les faltó elegancia. Parece la orden de un generalote”.

Quien no solicita la reserva de su identidad es Gina Lombardi, presidenta de la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna. Explica que el colectivo “se fundó hace 116 años, en los días del cautiverio, y por eso hemos saltado hasta el techo”.

De armas tomar, las señoras tacneñas visitaron varias veces la zona y Lombardi confirma que “si nos paramos en el Hito 1 y miramos frente al mar, de acuerdo a la curva formada con el Punto Concordia, el alambrado se encuentra en territorio peruano”.

Roncagliolo recibió a Lombardi y una delegación de la Benemérita el lunes 12. Al día siguiente conversaron con el embajador tacneño Hugo de Zela. “Aducen que debemos estar tranquilos porque caso contrario se podría terminar por dilatar el proceso en La Haya. Hemos propuesto llamar al embajador peruano a consultas pero el canciller respondió que es un tema muy delicado. Estamos indignadas”.

Según informó la intendenta de la región Arica-Parinacota, Ximena Valcarce, las minas fueron retiradas entre los hitos 1 y 14 pero reveló que aún quedan unos 20 mil explosivos activos en la frontera. La creación de dicha región fue, por cierto, el detonante que motivó la presentación de la demanda ante La Haya (CARETAS 1960).

La permanencia de las minas es sintomática del estado de las relaciones bilaterales. En el reciente gabinete binacional celebrado con Ecuador en Chiclayo, ambos países se comprometieron a acortar lo que queda del proceso de desminado y tener la frontera “limpia” para 2016.

El ex ministro de Defensa Roberto Chiabra lamentó que el Perú cumpliera con sus compromisos de desminado desde el año 2001 mientras que Chile adujo “que no contaba con financiamiento” para las tareas. “El de las minas es el recurso más traicionero que pueden utilizar unas Fuerzas Armadas”.

Luego del desborde del río, organizaciones sociales e indígenas del país del sur criticaron al gobierno por “el lento cumplimiento” de la Convención de Ottawa.

“Las intensas lluvias del altiplano no son la cuestión principal”, aclara el comunicado, “sino que se está viviendo la consecuencia de la política de guerra y enemistad que Chile mantuvo en el tiempo en el cual diseminó el territorio con minas antipersonales y antitanques. A este respecto, tenemos la convicción que mientras no se cambie la lógica bélica en la región, las minas antipersonales seguirán siendo una inminente amenaza para todos los habitantes que vivimos y transitamos en las áreas fronterizas”.

Y tienen toda la razón.

CARETAS