Hoy  Chile nos demuestra su secular estrategia bélica amenazándonos con un sistemas de armas de carácter ofensivo que posee sus Fuerzas Armadas cuyo centro de gravedad es Perú y Bolivia.

Ahora con mayor intensidad debido al temor que tiene la clase política chilena y el gobierno de Sebastián Piñera, que pierdan el proceso contencioso – con relación al diferendo marítimo que tenemos – actualmente en trámite ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Si bien el jefe de Estado Chileno, su Canciller y embajador acreditado en Perú han sostenido públicamente respetarán el fallo que emita dicho órgano jurisdiccional supranacional; sin embargo, existen un conjunto de hechos que desvirtúan esa posición y generan una duda razonable  sobre la veracidad de tales declaraciones.

¿Cuál duda razonable?

Estando a que Chile proclama como principio de su política exterior el respeto al derecho internacional, y le asigna especial importancia a la solución pacífica de las controversias entre los Estados, la duda razonable que debería aclarar cualquier analista de inteligencia estratégica antes de proyectar cuáles serían los posibles escenarios de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional peruana, es tener una respuesta lógica a las siguientes interrogantes:

¿Por qué la política de defensa nacional chilena ha gastado la cuantiosa suma de $17,667 millones de dólares en adquirir armamento ofensivo entre 1996 y 2008, sin considerar lo invertido en los años 2009, 2010 y 2011?

¿Por qué el mayor dispositivo, composición y fuerzas de su aparato militar se encuentra orientado hacia el Teatro de Operaciones del Norte (frontera con Perú)?

¿Es para evitar cumplir una sentencia que les sea adversa anticipándose a ésta, considerando que en la última encuesta de opinión publicada por el diario “El Mercurio” de Santiago de Chile, en Noviembre del 2011, el 73% de chilenos rechazan ceder un espacio marítimo a Perú, así la Corte de La Haya falle a nuestro favor?

Ahora bien, después de analizar y evaluar el por qué de ese escenario chileno, bajo los principios doctrinarios de utilidad y pertinencia, consideré oportuno brindar un aporte a la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, señalando cuáles serían las cuatro posibles formas de acción[1]que podrían implementar los estrategas chilenos que orientan tanto a la Política Nacional como a la Estrategia Militar.

¿Con qué objetivo? 

Para buscar salirse del actual proceso contencioso en giro ante la Corte de la Haya que preside el jurista eslovaco Peter Tomka. Claro está, a fin de evitar un fallo que les sea desfavorable.

Conforme a ello, la posible forma de acción chilena que como amenaza sería la más inminente, es la provocación inducida de un incidente armado contra el Perú, estando a la gran capacidad bélica que disponen, y aprovechando el estado de indefensión en que nos encontramos actualmente.

Un claro indicio  revelador de esta sutil estrategia – no cabe duda – constituye el hecho objetivo que aprovechando de los efectos de un fenómeno de la naturaleza, se produjo el ingreso no autorizado de personal militar chileno a nuestro territorio, violando la soberanía peruana con el objetivo de buscar una respuesta armada ante dicha acción hostil. Y luego escalar el conflicto a otra dimensión.

Este hecho, por cierto, implica un acto que – en esencia y sustancia – bien puede ser calificado de provocación. Frente a lo cual prudentemente la Tercera Brigada de Caballería del Ejército Peruano, acantonada en Tacna, pese a comprobar la intromisión, no ha respondido.

Evitando así caer ante una “operación encubierta con fines de provocación” diseñada por la Estrategia Militar chilena que buscaba una reacción nuestra. Y no lo lograron por ahora. Hay que estar atentos a lo que podría venir.

¿Cómo se produjo este acto de provocación?

El 20 de febrero último, en la región chilena de Arica y Parinacota, por inmediaciones del paso fronterizo de Chacalluta y cerca de la frontera peruana, se produjo por efecto del invierno altiplánico intensas lluvias que originaron una abrupta crecida del Río Seco en la Quebrada Escritos – la misma que corre paralela a la frontera con nuestro país – cuyo desborde alcanzó la Ruta 5 ( carretera Panamericana en el vecino país del Sur) arrastrando una gran cantidad de minas antipersonas y antitanques.

La consecuencia del desborde es que en la desembocadura de dicha quebrada había mucho más de 200 minas flotando por el caudal, algunas de las cuales explotaron en el cauce, y otras fueron arrastradas hasta la línea férrea Arica – La Paz y otras tantas llegaron al mar.

Entonces, Chile cerró su frontera con Perú el lunes 20 de febrero pasado y la reabrió el miércoles 23 del mismo mes, suspendiendo por tres días el tránsito vehicular entre Tacna y Arica bloqueando el paso por el borde costero desde el Río Lluta hasta el hito número uno. Y la Armada chilena fijó una zona de exclusión de tres millas en la costa a fin de impedir el ingreso de embarcaciones.

En ese contexto es que el 23 de febrero último personal militar chileno ingresó maliciosamente a nuestro territorio so pretexto de realizar labores de demarcación por el deslizamiento de minas antipersonas debido a las lluvias en la zona fronteriza de la región de Arica Parinacota.   

Lo cual, por cierto, no justifica de modo alguno vulnerar dolosamente la soberanía nacional de otro Estado, Situación que no podía ser desconocida por esos efectivos militares chilenos y sus respectivos comandos superiores.

Siendo insostenible que miembros del Ejército de Chile actúen motu proprio sin orden del escalón superior jerárquico. Pues es harto conocido que las Fuerzas Armadas de dicho país se caracterizan precisamente por mantener una férrea disciplina y absoluta subordinación de clase a clase y de grado a grado. Ello, en todos los niveles de comando y grados de subordinación.

Por tanto, estamos ante un acto premeditado debidamente planificado cuya ejecución obedece a una política perfectamente concebida con propósitos estratégicos definidos.

¿Cuáles propósitos?

Efectuar una “operación encubierta con fines de provocación” a las Fuerzas Armadas peruanas – nada menos – en nuestro propio territorio, para que reaccionen violentamente y produzcan el efecto deseado por los planificadores de la defensa y los comandantes de operaciones militares chilenos.

Para después darnos un fuerte golpe y alterar el escenario antes del fallo de la Corte de La Haya. ¿Qué les parece?

Claro está en la creencia errónea – por cierto – que los militares y hombres de inteligencia peruanos somos unos ingenuos y poco profesionales que no hemos detectado dicho plan de acción. Por eso, vengo develando esta maquiavélica Estrategia Militar chilena cuya ejecución se viene dando de menor a mayor intensidad hasta alcanzar el objetivo buscado por sus diseñadores.

Frente a esta grave situación, el 28 de febrero pasado, la Cancillería peruana emitió un comunicado oficial informando al país lo sucedido. Y como corresponde, señaló había enviado una nota de protesta al gobierno del presidente Sebastián Piñera por el ingreso de militares de su país a nuestro territorio. Esto, fue con fecha 24 de febrero último.

En la predicha nota se precisa que desde un inicio el gobierno del Perú dio claras muestras de buena voluntad para atender de manera cooperativa junto al gobierno de Chile los efectos del fenómeno natural acaecido. Ello, con el objetivo principal de salvaguardar la seguridad de la población sin distingo de nacionalidades.

Por esto, señala el referido comunicado, el gobierno del Perú, tan pronto tomó conocimiento de ese fenómeno expresó a Chile su disposición para trabajar coordinadamente en una acción específica de desminado en la frontera.

Asimismo, en el segundo párrafo del comunicado se precisa que el día 23 de febrero último personal técnico peruano desplazado a la zona pudo constatar la presencia de efectivos militares chilenos en una área de territorio peruano entre el hito número uno y la orilla del mar, realizando labores de señalización del curso de deslizamiento que alcanzó territorio del Perú.

Además, se precisa en la nota entregada que “se deja claramente señalado que las labores realizadas por los efectivos militares chilenos no prejuzgan ni afectan la soberanía y jurisdicción del Perú ni el límite establecido en virtud del Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión Mixta de Límites de 1929 y 1930”.

¿Cuál fue la reacción oficial chilena?

No obstante que el ministerio de Relaciones Exteriores peruano denunció “se pudo constatar” el ingreso “no autorizado de personal militar chileno” a nuestro territorio, vulnerando la soberanía nacional, ante ello la Cancillería sureña emitió un comunicado en donde no brindó ninguna explicación sobre la ilegal incursión denunciada por Perú. Ni dieron respuesta a nuestra nota de protesta. La cual soslayaron olímpicamente.

Y se limitaron a señalar que es su “deber” evitar el ingreso de personas no autorizadas en el área de riesgo de su territorio, precisando que “Chile dispuso la implementación inmediata de las medidas necesarias para el resguardo de la seguridad de las personas, ofreciendo prontamente su cooperación e intercambio de información con el Perú, de conformidad con las obligaciones internacionales aplicables y en especial, las que derivan de la Convención de Otawa”. Es decir, trataron otro tema.

Por su parte, el ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand, fiel a su estilo confrontacional, en declaraciones públicas ante los medios de comunicación sostuvo que no hubo ningún ingreso de militares chilenos a territorio peruano, dejando entrever que la denuncia de Torre Tagle era una grosera mentira ¡Increíble!.

Ante la insistencia de la prensa, refirió que “la Cancillería chilena ha expresado, que el conjunto de las tareas que nosotros efectuamos fueron en territorios y en los espacios marítimos chilenos, sujetos a soberanía, jurisdicción y control de nuestro país, en conformidad con los tratados vigentes.”

Por lo que el ministro Allamand consideró este es un “tema cerrado” para Chile, tras el comunicado oficial emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores de su país.

Que, reitero, no da ninguna explicación a la nota de protesta peruana. Esto es, su Cancillería se pronunció sobre otra materia y el tema concluyó. Lo cual me trae a la memoria el antiguo aforismo jurídico romano: “Roma locuta, causa finita” (Roma habló y la causa terminó). Así actúa Chile. ¿Qué les parece?.

Para un analista de inteligencia que evalúa posibles escenarios de conflicto, esto significa que la diplomacia chilena con la finalidad de soslayar el presunto revés sufrido por la Estrategia Militar con la fallida “operación encubierta con fines de provocación”, optó por la salida facilista – que permite el lenguaje elíptico diplomático – de no pronunciarse sobre el fondo del reclamo planteado por Torre Tagle. Esto es, lo ignoraron totalmente.

Y más bien se refirieron a otras formalidades y contingencias propias para la protección de personas ante la amenaza de las minas que fueron colocadas en la década de los 70 por el Ejército de Chile en la línea de frontera con Perú. Cuyo detalle trataré en la segunda parte.

Doctrinariamente, en el campo de inteligencia, eso se conoce como un “indicio de mala justificación” que se recurre para evadir una respuesta cuando se descubre un hecho objetivo real. El cual por razones de Estado no se puede aceptar porque afectaría las relaciones exteriores entre Estados.

Ahora bien, no obstante que la nota de protesta peruana fue cursada a Chile por los canales diplomáticos legalmente establecidos en la Convención de Viena, la posición del ministro de Defensa, Andrés Allamand, ha sido buscar desacreditar la denuncia de Torre Tagle, negando que sus militares hubieran ingresado a territorio peruano.

De acuerdo al derecho internacional público, la posición oficial de los Estados, en materia de relaciones exteriores, se expresa a través de las Cancillerías. Y no por los ministerios de Defensa.

En el presente caso, a simple vista, daría la impresión que estamos ante una posición dualista en el Estado chileno. Por un lado, su ministerio de Relaciones Exteriores no contesta, como legalmente corresponde, la nota diplomática del Estado peruano; y de otra parte, quien sí se pronuncia es el ministro de Defensa, sobre un tema que si bien está en el ámbito de su portafolio, es de competencia de la Cancillería por tratarse de la política exterior de su país.

Sin embargo, esta aparente dualidad de posiciones en el Estado chileno, no lo es.

¿Por qué?

Porque obedece a una línea política la cual viene desarrollando una estrategia que utiliza sagazmente el clásico principio doctrinario de “combinación”.

Esto, implica el empleo indistinto o simultáneo de los dos sectores de la administración pública vinculados a la Defensa Nacional (Cancillería y ministerio de Defensa) para pronunciarse sobre asuntos de política exterior. Ello, de acuerdo a la coyuntura internacional. Si les conviene se pronuncia el ministerio de Relaciones Exteriores. Y cuando no lo creen pertinente, lo hace el Sector Defensa.

Para la inteligencia estratégica peruana el empleo del “indicio de mala justificación” y del principio de “combinación”, deberían constituir dos elementos que valorados conjuntamente con otros medios probatorios disponibles, permitiría confirmar la hipótesis de predicción planteada sobre la posible provocación inducida para crear un incidente armado con nuestro país.

Por eso, hay que tener mucho cuidado para lo que podría venir dentro de muy pocos meses. Evitemos una sorpresa estratégica. Estamos advertidos (Continuará).

 por Montesinos Torres.