En un acto premeditado militares chilenos ingresaron al territorio nacional con el pretexto de cercar la zona minada para evitar accidentes. 

Se retiraron tras la protesta peruana. 

En Chile se afirma que desde 1971 se tienen 140 víctimas por la explosión de minas antipersonales. 

Superado el incidente de la presencia no autorizada de personal chileno en territorio nacional, la diplomacia peruana se esmera en preparar un clima adecuado de recepción de la fecha del inicio de la fase oral en La Haya.

La reunión del Consejo de Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el reciente fin de semana en Asunción (Paraguay), acabó con varios acuerdos estratégicos como el energético y la lucha contra las drogas. Sin embargo, Chile impidió insistentemente la adopción de un acuerdo para declarar América del Sur como territorio libre de minas.

Para el Perú es crucial un acuerdo en ese tema y en especial que involucre a Chile, sobre todo luego del reciente incidente cuando un grupo de militares ingresó al territorio peruano para levantar una cerca y ubicar minas sembradas por ese país y que, por efecto de las intensas lluvias, se desplazaron a la frontera común. Se estima que entre 1974 y 1975 Chile depositó más de 54 mil minas en sus fronteras con Bolivia y Perú, de las cuales apenas han sido tocadas las que corresponden al Perú.

A las autoridades peruanas no deja de llamarles la atención la negativa chilena para agilizar el desminado en la frontera con el Perú, lo que sí ha llevado a cabo con diligencia en sus fronteras con Argentina y Bolivia. Entre el 2006 y el 2008, con el apoyo del PNUD, Chile removió más de 3,600 minas en la region antártica.

Por su parte, el Perú y Ecuador llevan a cabo un intenso programa de desminado cuyo plazo final era el 2017 pero que por acuerdo de ambos países se ha adelantado al 2016. Los rápidos avances de la cooperación peruano-ecuatoriana para el desminado de su frontera han sido valorados en la reciente reunión del gabinete binacional, en febrero pasado.

Los recientes sucesos han sido más problemáticos para Chile que para el Perú en términos de reacciones internas. El ministro de Defensa del vecino país, Andrés Allamand, debió viajar a Arica para apaciguar los ánimos de la población molesta por el cierre de la frontera entre el 4 y 11 de este mes, que dificultan el comercio y el tránsito de personas entre Arica y Tacna. De hecho, organizaciones sociales de Arica y Parinacota se manifestaron públicamente en favor de un desminado humanitario y rápido.

El desminado humanitario gana rápidamente adeptos  en Chile. La semana pasada, varios senadores de distintas bancadas, Guido Girardi, Baldo Prokurica, FulvioRossi, Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier, se fotografiaron en la sede del parlamento con sus pantalones y camisas arremangadas, en gesto de solidaridad con las víctimas de minas antipersonales.

En Chile se afirma que desde 1971 se tienen 140 víctimas por la explosión de minas antipersonales.

Presionado por el desminado humanitario, el reclamo de Arica, de los indígenas y de la oposición, el gobierno de Piñera anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de indemnización de víctimas de minas aunque, al mismo tiempo e inexplicablemente, ha enviado a la Convención de Otawa un pedido para extender hasta el año 2020 el plazo de desminado que venció este año.

Para el Perú, la negativa chilena para agilizar el desminado puede estar relacionado con el proceso de reclamación iniciado por Perú en La Haya, y aunque el reciente incidente está cerrado, no se descarta que el "asunto minas" pueda ser usado como una provocación para intentar desestabilizar el proceso de La Haya cuando se está cerca del inicio del anuncio de la fase oral.

Por esa razón, la Cancillería  peruana se ha empeñado en aplicar un máximo de prudencia al reciente incidente, en la idea de "no pisar el palito" frente a hipotéticas provocaciones. El gobierno peruano es consciente de que en la administración del presidente Piñera existe la convicción de que en cualquier circunstancia Chile será diligente con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, también aprecia la persistencia de la prédica de sectores militaristas, ahora minoritarios, que consideran un error chileno aceptar la competencia de La Haya.

Con ese propósito, la Cancillería peruana ha multiplicado sus contactos con la sociedad civil de Tacna colocando por delante el proceso de La Haya, difundiendo el calendario de la fase final del proceso, y explicando la política que sigue el Perú en el "asunto minas".

Entre esas medidas, el Perú se propone seguir insistiendo en voz alta en los foros internacionales en su pedido para que Chile acelere el desminado de su frontera, en el mismo seno de UNASUR inclusive, en cuyo Tratado Constitutivo se inscribe la necesidad de liberar la región de minas.

Con ese propósito, si bien el Perú no adoptará acciones unilaterales, podría recurrir a medidas diplomáticas. Una de ellas quizás sea la ausencia del presidente Ollanta Humala en la próxima cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico que se realizaría en junio en Santiago de Chile.

Queda claro para las autoridades peruanas que siendo un deber insistir en el desminado, sus esfuerzos más importantes se centran en el proceso de La Haya.

Se estima que en los próximos días, a más tardar en la primera semana de abril, se anunciará el inicio de la fase oral de la demanda de límites marítimos planteada por el Perú ante La Haya.

También se estima que, actuando en base a ese calendario, la fase oral se iniciaría a fines de diciembre para prolongarse dos semanas. Si se mantienen las fechas trascendidas, el fallo de la corte se producirá en junio del 2013, antes de las vacaciones europeas de medio año.

Chile también se prepara para esta etapa. El influyente diario El Mercurio, de Santiago, publicó el último fin de semana información sobre el proceso y la Cancillería chilena se muestra activa.

En enero, el canciller Alfredo Moreno viajó a Francia a reunirse con el equipo de expertos internacionales y chilenos contratados para defender la postura sureña.

Se sabe que Chile se está concentrando en la etapa posterior a las intervenciones del agente peruano y de la respuesta chilena. El procedimiento de La Haya contempla que luego de ambas intervenciones se produzca una réplica peruana para luego escucharse una dúplica chilena.

En el país sureño la clase política y la élite empresarial trabajan activamente para convertir en un sentido común de la sociedad que, sea cual fuere el  sentido del fallo, este será bueno para Chile porque pondrá una solución definitiva a todo contencioso con el Perú.

Sin embargo, al minoritario espíritu anti La Haya se suman otros hechos. Una encuesta publicada en noviembre del año pasado en Chile indicaba que el 73% está en contra de que su país "ceda" territorio marítimo al Perú, incluso si el fallo que dicte el Tribunal de Justicia de La Haya por el litigio entre ambos países les fuera adverso.

 CLAVES

Más de 54 mil minas depositó la dictadura de Augusto Pinochet, en los años 1974-75, en fronteras con Perú y Bolivia como parte de la estrategia defensiva ante posibles conflictos armados con los países vecinos.

La demora hasta el 2020 en el retiro de las minas por Chile inhabilitará el litoral norte de ese país desde el río Lluta hasta la frontera, agravando los problemas económicos de Arica.

La Sociedad de Artesanos y Auxilios Mutuos "El Porvenir", de Tacna, pidió que las minas que se deslizaron a territorio peruano sean desactivadas por peruanos.