Es evidente que uno de los mayores fracasos de este primer año de gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso, es la seguridad ciudadana junto con el inadecuado manejo de la conflictividad social. Ello, no obstante, el compromiso efectuado al asumir el cargo el 28 de julio de 2011, de ocuparse de esta problemática. Y pese a que constituyen una grave amenaza a la tranquilidad ciudadana.

Luego de doce meses de gestión gubernamental se constata – clara e ineluctablemente – que nuestro país está conmocionado ante la oleada de extrema violencia perpetrada por la delincuencia y el crimen organizado. Situación que causa no sólo indignación de la población, sino un elevado temor y zozobra – por la incapacidad del régimen para enfrentar eficazmente dicho flagelo – debido a la amenaza de estas peligrosas agrupaciones cuyo accionar se ha multiplicado exponencialmente en Lima y las principales ciudades del interior.

Si bien es cierto que el primer mandatario empezó su administración con un buen acto político al anunciar que presidiría el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y posteriormente asistió a la instalación como a otras sesiones; sin embargo, se le vio actuando más como militar que como a un estadista. Pues impartía órdenes efectistas – más no disposiciones – a sus ministros. Daba la impresión de querer tomar el toro por las astas. Pero no fue asi.

La verdad monda y lironda es que cuatro ministros del Interior y cuatro de Defensa, en tan sólo doce meses de gobierno, nos señalan objetiva e indubitablemente – sin duda alguna – que en política de seguridad pública estamos en cero. Esto es, por la falta de un norte preciso de quien dirige la política en el Estado peruano.

A dicha situación, debe agregarse la creciente presencia del narcotráfico – con sus delitos conexos – en el escenario nacional, una de cuyas expresiones es el fenómeno del sicariato bajo la influencia de los cárteles de droga mexicanos, aprovechando que somos el primer país productor de hoja de coca ilegal, como el mayor exportador de cocaína.

Simultáneamente, la red terrorista Sendero Luminoso se encontraría preparando la realización de su segundo congreso partidario – en algún lugar secreto de Lima – a fin de que en dicho evento se legitime y reconozca orgánicamente a una nueva dirección política y estructura del partido, para luego reiniciar las operaciones terroristas fuera de la zona del VRAEM. Ello, después de culminar la reconstitución del partido sin la presencia de Abimael Guzmán Reinoso, pero bajo los lineamientos doctrinarios del “pensamiento Gonzalo” que pasa a ser considerado “arma ideológica”, pues su rol de dirección ya terminó.

En este contexto, la situación de inseguridad ciudadana nos ha desbordado en el país, constituyendo uno de los principales problemas que debemos afrontar dando respuestas con una precisa y clara política de Estado en donde se defina el nuevo esquema estratégico cuyo diseño le corresponde al actual gobierno, que después de un año, no ha podido articularlo, frente a dicha problemática que afecta a la Seguridad Nacional. Ahora sufrimos las consecuencias de esa clamorosa omisión.

Potencial Nacional ante un problema de Estado.

La violencia asoma imparable en el país como un fenómeno que agrede y amenaza en una dimensión inédita a la seguridad del Estado, la calidad de vida de los ciudadanos y a la democracia. En esencia y sustancia, vivimos una crisis de seguridad pública. ¿Por qué? Veamos.

Los altos niveles de violencia interna que actualmente padece el Perú debido a la creciente inseguridad ciudadana en Lima y Callao como en el interior del país, están afectando gravemente la estabilidad y gobernabilidad, pues la delincuencia y el crimen organizado se han convertido en factores de perturbación a la Seguridad Nacional que deben ser enfrentados con una nueva estrategia integral empleando racionalmente todos los recursos del Potencial Nacional, donde se unifique además la acción de la Policía, el serenazgo, los gobiernos regionales como municipales, la seguridad privada y la participación organizada de la población.

Al constituir un problema de Estado, requiere Objetivos Políticos precisos que definan los propósitos estratégicos del gobierno en función de Objetivos Nacionales, y no reducirlo a un problema constreñido a un aspecto puramente policial y represivo mostrando mano dura con propuestas de incrementar las penas. Eso no resuelve el problema.

Deberíamos previamente entender que la delincuencia y el crimen organizado constituyen actores internos no estatales predominantemente clandestinos que practican el conflicto asimétrico operando en redes y formando coaliciones en alianza estratégica con otras organizaciones criminales transnacionales que coordinan entre sí sus acciones contra un enemigo común: El Estado peruano. Este, así, debe enfrentar toda una conjunción estratégica de actores asimétricos que, insisto, operan bajo esta modalidad.

¿Qué es el conflicto asimétrico?

No es otra cosa que el enfrentamiento llevado a cabo por la delincuencia y el crimen organizado – constituidos en redes y coaliciones – contra una fuerza superior de distinta capacidad y tamaño, en término de medios convencionales, como es la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando aquellos desarrollan sus operaciones delictivas en agravio de la sociedad.

Para ello, dichos actores acuden al empleo de estrategias diferentes, que en su caso, siendo la fuerza más débil escapa a los métodos tradicionales mediante prácticas operativas que tienen por objeto explotar la vulnerabilidad de la parte más fuerte, la Policía, recurriendo al uso de armas y tácticas innovadoras e imaginativas.

Estos actores no estatales internos se caracterizan por no disponer de una base fija definida o predeterminada en el territorio nacional, observándose que actúan en pequeñas células dispersas con autonomía logística y gran movilidad en todo el país. Esto aprovechando que la PNP tiene el gran impedimento de realizar sus actividades con competencias territoriales que prohíben su movilidad fuera de la jurisdicción asignada.

Su desarrollo desmesurado se ha producido al haberse organizado en redes descentralizadas que tiene un funcionamiento basado en agentes y células dispersas, nebulosamente conectadas, que vienen explotando eficazmente las poderosas herramientas de comunicación tales como teléfonos celulares, satelitales e Internet, lo que les posibilita el reclutamiento, enfrentamiento, comunicación y planificación clandestina de sus acciones asimétricas y un mayor comando y control de sus integrantes.

En consecuencia, constituye un enemigo engañoso, elusivo, determinado y letal, que adapta su forma de operar fuera del paradigma de un Estado-Nación practicando esta clase de conflicto, mientras que por el lado del Estado no hay una clara y precisa decisión política en el gobierno actual para asumir la necesidad de su defensa, sino un profundo desconocimiento de la naturaleza como actúan estas redes y coaliciones, pues equivocadamente se opera con fuerzas del orden organizadas para conflictos tradicionales cuya doctrina no es la adecuada a fin de enfrentar los conflictos asimétricos.

Por eso tenemos los reveses operacionales en el control de la delincuencia y el crimen organizado que interactúan en el Perú, aprovechando esa limitación y vulnerabilidad de la Policía Nacional del Perú.

Impredecibles en el actuar

De otro lado, en este tipo de conflicto asimétrico el oponente más débil, sin tener en consideración objeción ética alguna, practica sus acciones más allá de las reglas predeterminadas, desplegando tácticas que no corresponden a las tradicionales, rompiendo así con todos los protocolos establecidos que pudiera limitar su efectividad en el accionar delictivo que vienen desarrollando con suma letalidad contra la población indefensa.

Para estas redes y coaliciones que conforman la delincuencia y el crimen organizado, la primera regla, es que no existen reglas y la segunda regla, es cumplir con la primera. Donde lo único predecible es que son impredecibles en su forma de actuar. Por eso están generando un clima de zozobra y terror en la población peruana que se siente inerme frente a este incontrolable flagelo que afecta gravemente la tranquilidad ciudadana y constituye la peor amenaza al Estado de derecho.

Las células que la conforman, están en permanente movimiento u ocultas, lo que les permite tener presencia en todos los ámbitos del país. Esto obedece a estructuras de comando que operan descentralizadas tácticamente, estructuras de las que parten las órdenes para ejecutar los asaltos, robos, secuestros, chantajes, extorsiones, asesinatos, etc. A nivel nacional, sin límite de espacio territorial.

Dicha situación dificulta su identificación y localización por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia policiales que operan, insisto, con criterios de competencia territorial que limita su operatividad, y además no están preparados (en su actual estructura organizacional, doctrinaria y operativa) para enfrentarse contra actores no estatales internos predominantemente clandestinos que desarrollan eficazmente el conflicto asimétrico contra una fuerza simétrica – como la PNP – ya que todavía la mentalidad prevaleciente en sus altos mandos y en el ministerio del Interior es la tradicional y la consiguiente detección de amenazas convencionales que han sido superadas por estas nuevas formas de amenaza a la Seguridad Nacional.

Otra clase de servicio de inteligencia.

Esta modalidad de amenaza exige otra clase de servicios de inteligencia, empezando por sus recolectores y analistas profesionales. La inteligencia de fuente humana, conocida como HUMINT, será más importante que nunca. En los tiempos de la Internet, a los organismos de inteligencia no les faltan capacidades de obtención de información, les faltan las capacidades para un mayor y mejor análisis, frente a estos grupos antisistémicos que utilizan estas herramientas de manera recurrente ganando al Estado en experiencia y conocimientos de dichos dispositivos.

La situación actual impone la necesidad que los procesos de toma de decisiones del presidente de la República en cuanto conductor y administrador del Estado, cuente con un servicio de inteligencia – eficiente y eficaz – que posea objetivos claros, amplia cobertura y gran capacidad productiva; de tal manera que pueda contribuir a que dichos procesos decisionales sean más racionales con bajos niveles de incertidumbre y basados en conocimientos y menos en la intuición o ideas preconcebidas del decisor político.

Además, es necesario evolucionar de una seguridad reactiva – caracterizada por su poca capacidad de anticiparse a las amenazas – a un modelo de seguridad preventivo, que sea capaz de adelantarse a posibles escenarios de riesgos y amenazas y según su evaluación, evitarlos antes de que se produzcan.

Lamentablemente la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) como Órgano Rector especializado del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), no cumple con dicha función – al estar dirigida por diletantes y no por profesionales – que no le brindan al presidente de la República la inteligencia estratégica y la contrainteligencia necesaria, oportuna y predictiva para el proceso de toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional en el ámbito interno.

Hoy observamos que el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han asimilado mucho más rápido por los grupos delictivos que por el Estado, sumado a un cambio generacional que se ve en los liderazgos emergentes y estructuras intermedias de grupos criminales que no superan los 40 años, y se nutre de gente sumamente joven, a diferencia de las burocracias estatales, que tienen en los niveles intermedios una fuerza laboral formada en el viejo paradigma, que es ajena al manejo tecnológico y de comunicación.

Desde el punto de vista político - estratégico el Estado, no tiene objetivos establecidos (el qué hacer para llegar al objetivo) y menos ha diseñado una estrategia integral de gobierno (el cómo hacer para llegar igualmente al objetivo), reitero, por la falta de una clara y precisa decisión política que debería ser la principal viga maestra para que el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, normado por la Ley N° 28478, intervenga incorporando al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana dentro de su estructura organizacional, a fin de garantizar la Seguridad Nacional -gravemente afectada por dicha problemática- mediante la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de la Defensa Nacional frente al accionar de las redes y coaliciones de la delincuencia y el crimen organizado. Todo esto, bajo el principio doctrinario de Unidad de Dirección. Es decir, con un solo comando.

Legislación contra la “neoviolencia”

Existe un antecedente sobre el particular. En efecto, en 1998 en el entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), los analistas cuando diseñamos los escenarios de nuevos riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, al formular la Apreciación de Inteligencia Estratégica, donde brindábamos conocimiento útil y oportuno que facilitara la toma de decisiones al presidente Alberto Fujimori, advertimos al gobierno de ese entonces, que en el país se estaba generando el fenómeno de la “neoviolencia”, la cual sería visible, irracional, diversificada, masiva y descontrolada y dentro de ella estaría inmersa la delincuencia y el crimen organizado que empezaba a formar redes y coaliciones, con la finalidad de crear una probable situación de crisis interna como las que hoy vivimos. Había que impedírselo.

Conforme a ello, el gobierno gestionó para que el Congreso de la República mediante a Ley N° 26950 autorizara al Poder Ejecutivo legislar en materia de Seguridad Nacional, y es así que a través del Decreto Legislativo N° 904 publicado – el 02 de junio de 1998 – en la separata de normas legales del diario oficial “El Peruano”, se crea dentro de la estructura organizacional del SIN, como Órgano de Línea, la Dirección Nacional de Inteligencia para la Protección y Tranquilidad Social.

Sus funciones generales establecidas en la ley fueron las de coordinar con la Policía Nacional del Perú para planear, organizar, dirigir y ejecutar las acciones de inteligencia que requerían los organismos a los que les competía la investigación de los hechos delictivos, a que se referían los Decretos Legislativos N° 895 – Ley contra el terrorismo agravado – N° 896 – Ley contra los delitos agravados que comprende a las redes y coaliciones de crimen organizado y la delincuencia – N° 897, Ley de procedimiento especial para la investigación y juzgamiento de los delitos agravados que tipificaban el Decreto Legislativo N° 896 y 898 – Ley contra la posesión de armas-.

Asimismo, desarrollar y proporcionar la inteligencia que demanden los organismos policiales; así como mantener permanentes relaciones de coordinación con los órganos de inteligencia que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) que tengan relación con la investigación de los hechos delictuosos a que se referían los supradichos dispositivos legales.

Y desde luego, insisto, brindarle conocimiento útil y oportuno al presidente Alberto Fujimori para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, considerando que la seguridad pública va más allá de la labor policial, y debe adoptar un enfoque de seguridad inteligente, basado en el conocimiento comprensivo de la naturaleza de esta amenaza, que anticipe y prevea riesgos que puedan dañar la convivencia social.

Apoyo Integral

Estando a dichas disposiciones legales y considerando que el SIN como ente rector y central del Sistema de inteligencia Nacional (SINA), estaba encargado de monitorear el desarrollo de las actividades de inteligencia en el campo estratégico contra esta modalidad de amenazas, como responsable de conducir las acciones de inteligencia – bajo el principio doctrinario de Unidad de Dirección – para desarticular a estas redes y coaliciones de la delincuencia y del crimen organizado, tuve que realizar visitas a la sede de la DININCRI, con la finalidad de observar- in situ – su operatividad y gestionar ante el ministro del Interior y el Director General de la PNP, que se le dote de los medios económicos, logísticos e infraestructura necesarios para que esta unidad sistémica de la policía pueda cumplir a nivel nacional con combatir este flagelo.

Solo así pudimos enfrentar con eficacia, desde la perspectiva de los conflictos asimétricos, a dichos actores no estatales internos que eran predominantemente clandestinos los cuales operaban en redes y coaliciones contra el Estado peruano. Cuando miopemente se desactivó el SIN, desapareció dicho Órgano de Línea dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y las consecuencias las vemos ahora.

Por eso, cuando los alcaldes y los presidentes de los gobiernos regionales sostienen que van a asumir el liderazgo en el tema de la seguridad ciudadana, no se han percatado que ese no es un problema sólo de los gobiernos municipales y regionales, sino un factor de perturbación que afecta a la Seguridad Nacional de todo el país, el cual tendría que ser asumido – para combatirlo – por el Gobierno Central y el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Cómo? Veamos.

Estrategia a nivel de Estado

El actual régimen, debe prioritariamente: marcar el punto de ruptura de esta vertiginosa caída en una espiral de violencia y muerte, pues las calles de las principales ciudades del país son altamente peligrosas, y por lo tanto, el Perú es ahora un país inseguro.

Para garantizar la seguridad ciudadana se debe diseñar a nivel Estado una estrategia integral que abarque todas las áreas de la actividad nacional, en la medida que las redes y coaliciones operan en todos estos campos.

Dicho esto, estando a la precisión dada, se tiene que fijar con meridiana claridad los Objetivos Políticos y definir los propósitos estratégicos del gobierno, utilizando para ello todos los recursos del Potencia Nacional que nos permita neutralizar la amenaza creciente de la delincuencia y el crimen organizado, y recuperar así la confianza de la ciudadanía en sus autoridades haciéndola coparticipe en esta lucha, a fin de enfrentar a estos factores de perturbación a la Seguridad Nacional.

De acuerdo a este marco estratégico, la aplicación de la nueva estrategia no sólo tiene que marcar un cambio en la direccionalidad de los ejes de acción estatal contra dicha amenaza, sino que en corto tiempo debería comenzar a dar sus frutos. Sólo así el gobierno podría recuperar la iniciativa en esta lucha y ganar nuevamente la confianza de la población.

La nueva estrategia integral tiene que implementarse en base a las siguientes vigas maestras:

Primero, la decisión política del presidente de la República Ollanta Humala Tasso, quien debe comprometerse a enfrentar este flagelo asumiendo personal y directamente la conducción de la nueva estrategia fijando los Objetivos Políticos y señalando los propósitos estratégicos de su gobierno. Pues a partir de ellos se deriva todo el esquema de la nueva estrategia. Si se no dan de manera conjunta esas tres condiciones, cualquier medida será un fracaso. Pues constituyen la principal viga maestra. 

Segundo, el diseño de un nuevo marco jurídico que se debe dictar en materia de seguridad ciudadana. Y este conjunto de normas tiene que estar orientado a brindar un soporte jurídico a la decisión política del jefe de Estado. 

Tercero, crear los mecanismos institucionales que canalicen la participación activa y democrática de la población, a través de sus propias organizaciones espontáneamente constituidas para enfrentar esta amenaza. Las Rondas Vecinales tienen que reconceptualizar sus fines y luego redefinir su estructura para adecuarla a la era de los conflictos asimétricos.  

Cuarto, potenciar significativamente el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), de tal modo que dotándolo de la profesionalización y tecnología adecuada estuviese en capacidad de actuar coordinadamente, contar con los órganos operativos necesarios y superar sus anteriores métodos para orientar el esfuerzo de búsqueda a la ubicación y captura de los principales cabecillas de estas redes y coaliciones de la delincuencia y el crimen organizado. Todo esto implica necesariamente un trabajo previo de actualización doctrinaria sobre conflictos asimétricos, definición de criterios replanteamiento de su estructura organizacional apuntando a la centralización bajo un solo comando, puesta en vigencia del marco legal que permitiese cumplir las responsabilidades asignadas, bajo los principios doctrinarios de especialidad, exclusividad, división de funciones y unidad de dirección. 

Quinto, modificar la actual estructura organizacional, operativa y doctrinaria de la PNP para adecuarla a la era de los conflictos asimétricos, con la finalidad de estar en capacidad de enfrentar a dichas redes y coaliciones que practican esa clase de conflicto. 

En cuanto al nuevo marco jurídico, los diseñadores de este conjunto de dispositivos legales deben previamente comprender que estamos en la era de la globalización y del uso del Internet, especialmente asociada al concepto de redes sociales, y en ese escenario se desarrolla el conflicto asimétrico por dichos actores contra el Estado Peruano. Si no tienen clara la imagen - objetivo de esta clase de enemigo que es predominantemente clandestino, las normas serán inoperantes frente a quienes se caracterizan, como ya lo he señalado, por tener como primera regla que para ellos no existen reglas. Es decir, que lo único predecible es que son impredecibles a la hora de actuar. 

Dentro de esa línea de pensamiento, citaré sólo a guisa de ejemplo, cuatro de la diecinueve normas que considero deberían darse, modificarse, implementar o adecuarse a la era de los conflictos asimétricos -que ahora vivimos- bajo una visión de naturaleza proactiva, de acuerdo al detalle siguiente: 

La Ley N°28478, que norma el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, para incorporar al Consejo de Seguridad Ciudadana, como un nuevo componente del acotado sistema. Esto implica también modificar su respectivo Reglamento. 

La Ley N°27933, que norma el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para adecuarlo en su naturaleza finalidad y funciones como en su estructura orgánica a la clase de conflicto asimétrico que debe enfrentar el Estado peruano. E incorporarlo al Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Ello conlleva igualmente modificar su respectivo Reglamento. 

La Ley Orgánica del ministerio de Interior y la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú y sus respectivos reglamentos, pues tanto la actual estructura organizacional que tiene la PNP, como su doctrina vigente, traducida en sus manuales y reglamentos, no son la adecuada para poder enfrentar con eficacia los conflictos asimétricos que desarrollan la delincuencia y el crimen organizado, contra el Estado peruano por cuanto operan en redes y coaliciones, conjuntamente con las del narcotráfico y delitos conexos y las del terrorismo senderista. Por eso los reveses operacionales de las fuerzas del orden en distintos ámbitos del quehacer nacional. 

Como hemos visto, el accionar de estos actores no estatales internos, se ha sofisticado en la era de la globalización y de la Internet. En tanto, el aparato coercitivo del Estado para el control social, se ha quedado estancado en el siglo pasado. Insisto, valga la redundancia, hay que diseñar la nueva estructura organizacional policial en todos sus niveles para adecuarla a esta clase de amenazas. Igualmente, se tiene que formular una nueva doctrina policial, cambiando manuales, reglamentos y directivas para regular la intervención policial. Con estos dos instrumentos, el planeamiento y conducción de las operaciones policiales contra estos actores predominantes clandestinos y asimétricos, será recién exitoso, pues las fuerzas del orden dejarían de ser simétricas para operar como fuerzas asimétricas. He ahí el meollo de la situación policial. Eso hay que comprenderlo. 

A todo ello, se debe puntualizar que, en el momento actual, la ciudadanía tiene una percepción negativa en el sentido de que nuestra institución policial, tal como viene funcionando hoy día, da la impresión que no ofrece ninguna garantía capaz de asegurar la tranquilidad y desarrollo normal de las actividades en el país, a la par que cada vez son más frecuentes los casos clamorosos de inmoralidad e ineficacia que ocurren en su interior y que lamentablemente viene generando un creciente rechazo en la población, lo cual debe cambiar.

El ritmo de crecimiento y desarrollo que actualmente experimenta el Perú, exige la presencia de una policía adecuada a la nueva situación. Se necesita, por tanto, tener una percepción clara de cuál y de qué tipo debería ser la policía que la sociedad peruana requiere en la era de los conflictos asimétricos. 

La Ley N° 28664, que norma el Sistema de Inteligencia Nacional – SINA – y la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI -, para adecuarla a la problemática de los conflictos asimétricos, creando en ella dos Órganos de Línea – adicionales a los que tiene – y que serían: la Dirección de Inteligencia para la Protección y Tranquilidad Social y la Dirección de Inteligencia sobre el Narcotráfico.  

Por lo tanto, desde el más alto organismo de Inteligencia a nivel Estado – que es el encargado de producir la inteligencia estratégica para la toma de decisiones por el jefe de Estado en materia de Seguridad Nacional – recién se pueda dirigir y supervisar con eficacia, y bajo el principio doctrinario de Unidad de Dirección, todas las acciones de inteligencia contra la delincuencia y el crimen organizado que operan en redes y coaliciones desarrollando el conflicto asimétrico. 

Para eso, hay que igualmente reconceptualizar previamente la doctrina de inteligencia – la cual debe estar acorde a los conflictos asimétricos que actualmente se presentan en el país – que ha de regir en el SINA, a fin de afrontar esta clase de amenazas que requieren otra estructura en la Comunidad de Inteligencia. 

Sólo con una nueva estructura organizacional y con una nueva doctrina, las operaciones de inteligencia destinadas a la recopilación de informaciones serán eficaces. La base de datos constituirá la matriz para el éxito, potenciando la inteligencia de fuentes humanas (HUMINT), mediante la conformación de redes de colaboradores e informantes, a nivel nacional, bien remunerados que deben ser manejados por oficiales del caso experimentados. E, insisto, no por diletantes. 

En esa línea de pensamiento, la DINI debería volver a tener acceso en tiempo real a la data de la DININCRI, requisitorias, antecedentes policiales y judiciales, movimiento migratorio, RENIEC, SUNAT, Registros Públicos, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que le permita disponer de una gran “base de datos” para sus labores como Órgano Rector especializado del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

Cuando se desactivó torpemente el SIN, este sistema integrado de información que poseía dicho organismo instalado en una moderna sala de situación, fue desmontado y la estructura que dejé en total operatividad desaparecida inauditamente. 

Lamentablemente el primer mandatario en su segundo mensaje al Congreso el pasado 28 de julio de 2012 -ha incurrido en la misma clamorosa omisión de su primer mensaje dado al Parlamento el 28 de julio de 2011- de no fijar cuáles son los Objetivos Políticos ni menos definido los propósitos estratégicos de su gobierno en la lucha contra las redes y coaliciones de la delincuencia y el crimen organizado. Lo cual influirá sustancialmente en la eficacia de cualquier estrategia que se pretenda desarrollar. 

Además no ha dicho nada al país en materia de seguridad ciudadana pese a constituir una de las más graves amenazas que preocupa y afecta a la ciudadanía. !Increíble! 

Las consecuencias, obviamente, la seguirán sufriendo todos los ciudadanos por la incapacidad del Estado para enfrentar dicha amenaza. Claro está, porque luego de 12 meses en el gobierno todavía no entienden estamos en la era de los conflictos asimétricos. Ya lo sabemos. ¿Qué les parece?

de Vladimiro Montesinos Torres, el El jueves, 16 de agosto de 2012 a la(s) 17:47 ·