El 6 de octubre último, a las 00:30 horas un comando operativo de la red terrorista Sendero Luminoso que actúa en el VRAEM – aprovechando la ausencia de seguridad militar y policial - tomó las instalaciones del aeródromo del distrito de Kiteni, provincia de La Convención, departamento del Cusco.

Ello, como parte de una escalada terrorista que se viene desarrollando desde el 9 de abril de 2012, la cual configura un peligroso escenario a la Seguridad Nacional en el Perú.

¿Qué objetivos busca esta escalada?

Primero, crear una situación de alarma, dejando temporalmente inoperativo el servicio de mantenimiento al ducto principal que transporta el gas del proyecto Camisea, el cual genera casi el 40% de la electricidad del país en Chilca y el 80% del gas licuado que se consume.

Segundo, aprovechar dicha situación para atraer a las fuerzas del orden hacia determinadas áreas geográficas en el VRAEM, a fin de causarles fiascos y reveses operacionales durante los desplazamientos como cuando estén en las zonas de empleo, aplicando maniobras distractivas y operaciones de engaño. Y la táctica de los anzuelos con ardid.

Tercero, producir un desgaste en dichas fuerzas mediante el desarrollo de la Guerra Revolucionaria (GR) prolongada usando diversas tácticas para ir minando progresivamente el valor y la moral de nuestros soldados y policías.

¿Cómo se produjo esta última operación en Kiteni?

Dicho comando operativo aprovechando la oscuridad de la noche destruyeron con hachas y machetes la malla metálica del referido aeródromo, e ingresaron haciendo disparos para intimidar y reducir a los dos únicos vigilantes que custodiaban el lugar: Raúl Palacios Tacure y Octavio Mamani Túpac (ambos trabajadores de la empresa Securitas).

Luego de ello, procedieron a colocar y detonar explosivos en los tres helicópteros que estaban al costado de la pista de aterrizaje para destruirlos (dos de la empresa Servicios Aéreos Los Andes y el otro de propiedad de Helisur). También volaron la caseta de seguridad.

De esta manera inutilizaron las aeronaves con los cuales la empresa Transportadora del Gas del Perú (TGP) trasladaba al personal que supervisaba el funcionamiento del sistema de transporte de gas del proyecto Camisea. Esto, aprovechando la situación de inseguridad existente pues no había custodia policial ni militar al ser retirada hacían varios meses.

Cumplida la misión, los integrantes de dicho comando operativo senderista se retiraron del aeródromo siendo las 02:00 a.m. Y huyeron con paradero desconocido llevándose los equipos de comunicación.

Ello, sin que se produjera ninguna reacción en las fuerzas de seguridad como en los servicios de inteligencia del Estado que no generaron ningún indicador de alerta temprana. Pese a ser una zona declarada en Estado de emergencia por el gobierno.

En efecto, la primera patrulla militar y policial de las fuerzas especiales combinadas que arribó al lugar de los hechos, lo hizo recién siete horas después del ataque terrorista: a las 07:00 a.m. Constatando in situ los daños a la propiedad privada. E informó a su Comando que la seguridad y control de las instalaciones del referido aeródromo público ha estado a cargo de una empresa privada de seguridad contratada por la compañía TGP. ¡Increíble!

Este ataque selectivo constituye un impacto muy fuerte a la seguridad interna que afecta la imagen internacional del Perú por la gran difusión que ha tenido. Constituyendo un desafío al gobierno pues se produjo, nada menos, durante la visita a Lima, del secretario de Defensa de los EEUU, el abogado LeonPanetta.

La reacción de la empresa TGP no se hizo esperar. Para salvar su responsabilidad emitió un comunicado, muy pocas horas después del ataque terrorista. Informando a la opinión pública que esos hechos de violencia no eran recientes, pues “venían aconteciendo desde hace unos meses”.

Precisando que dicha situación les impedía mantener adecuadamente el sistema del transporte del gas. Pero ante este último ataque, no tenían otra opción que proceder a la suspensión total de las actividades de mantenimiento en la zona. Lo cual imposibilitara dar una respuesta a cualquier incidente o emergencia que pudiera afectar la continuidad del transporte.

¿Por qué?

Porque no están dadas las condiciones de seguridad en el área. Para restablecerlas había que enviar más fuerzas del orden. Eso es lo que precisamente buscan los terroristas. Y el gobierno dispone que así sea.

Es decir, se ha producido el efecto deseado por los planificadores y comandantes de operaciones terroristas. Atraer al  personal militar y policial a un escenario que no conocen ni están preparados. Aplicando sagazmente el principio doctrinario de “dispersión”, mediante el cual han expandido estratégicamente su campo de operaciones a la zona de La Convención.

Si bien es cierto la paralización temporal del servicio de mantenimiento del gaseoducto no corta el flujo del transporte del gas, sin embargo, existe el riesgo latente que la infraestructura podría dañarse pues el ducto no recibirá la atención que se requiere ante una eventual falla.

Esto, sea por la fuerza de la naturaleza, o ante el hipotético caso de un ataque al ducto (posible pero no probable. En mi criterio no lo harán pues todo el país se les iría en contra. Empero, no obstante ello, ahora hay que tomar previsiones).

Al respecto, es realmente incomprensible que el gobierno no haya tomado previsiones de seguridad correspondientes frente a la evidente escalada terrorista. Y actúa reactivamente después que suceden los hechos. Es decir, no tiene la iniciativa. Esa es la verdad monda y lironda en el Perú de hoy.

Increíblemente, tanto la iniciativa como el factor sorpresa, son utilizados por la red terrorista Sendero Luminoso y el Estado peruano se mantiene a la defensiva. Sólo reacciona tardíamente cuando el golpe es letal y espectacular. No actúa proactivamente anticipándose a los hechos. Porque no existe una inteligencia precisa, oportuna y eficaz.

¿Cuál es el objetivo de la actividad de inteligencia?

En este escenario la actividad de inteligencia tiene por objetivo proporcionar oportunamente a través del Órgano Rector especializado del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA, al presidente de la República y al Consejo de Ministros, el conocimiento útil, obtenido mediante el procesamiento de las informaciones, sobre las amenazas y riesgos actuales y potenciales, que puedan afectar la Seguridad Nacional.

El proceso de toma de decisiones de un gobernante, en cuanto conductor y administrador, requiere de la imperiosa necesidad de contar con un Servicio de Inteligencia a nivel Estado que posea objetivos claros, gran capacidad productiva en término de análisis que le provea inteligencia oportuna y predictiva.

¿Con qué finalidad?

Para que pueda contribuir a que los procesos decisionales del jefe de Estado sean más racionales, con bajos niveles de incertidumbre y basados en conocimientos y no en intuición o ideas preconcebidas del decidor político.

Ahora bien, la pregunta que fluye clara e ineluctablemente es la siguiente: ¿en las circunstancias actuales el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y su Órgano Rector especializado, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), están cumpliendo proactivamente con el objetivo y finalidad de la actividad de inteligencia?.

No lo creo. Y si está cumpliendo, el jefe de Estado no les hace caso. Lo cual sería el colmo de la ineptitud.

El Consejo de Inteligencia Nacional (COIN) como máxima instancia colegiada del SINA, encargado de dirigir las actividades de inteligencia y contrainteligencia, es igualmente ineficaz. De sus cinco miembros, cuatro son diletantes y no profesionales en este campo. Salvo el jefe de la Segunda División de Estado Mayor Conjunto de las FFAA (2da. DIEMFA). ¿Qué les parece?

A guisa de ejemplo, señalaré sólo dos operaciones terroristas que han debido ser analizadas y convenientemente evaluadas por la DINI, pues es su función integrar, procesar y difundir la inteligencia producida por los componente del SINA, destinada al presidente de la República, mediante las apreciaciones e informes de inteligencia estratégica.

¿Cuáles operaciones?

Primero, el secuestro de 36 trabajadores de la misma empresa TGP en la zona de Kepashiato (Zona de la Convención, Cusco) el 9 de abril de 2012, con el objetivo de provocar el ingreso apresurado de tropas y helicópteros para causarles serios reveses operacionales. Y el gobierno como el jefe del CCFFAA – de ese entonces – cayeron ingenuamente en este anzuelo que aplicó el principio de dispersión, saliéndose del área geográfica del antiguo VRAE, para operar en La Convención dando lugar que a toda esa zona se le denomine como VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro).

Segundo, la incursión de una columna terrorista el 6 de junio de 2012, en el helipuerto de Pomoreni, ubicado a 20 kilómetros de Kepashiato. En donde aterrizan y despegan los helicópteros de la empresa que transporta a los trabajadores de TGP para realizar el mantenimiento del ducto en el proyecto Camisea. Durante su permanencia los senderistas retuvieron a ocho trabajadores y pintarrajearon con sus lemas al helicóptero que estaba estacionado de la empresa Servicios Aéreos Los Andes.

Dicha incursión ha tenido la importancia de haber sido dirigida, nada menos, por el principal comandante de operaciones que tiene la referida red terrorista en esa zona. Lo cual debió ser motivo de evaluación por la Comunidad de Inteligencia.

¿Quién es?

El llamado camarada “Alipio”, cuya identidad es Orlando Borda Casafranca, nacido el 11 de enero de 1967, en San José de Secce, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Quien con fusil colgado a la bandolera y cámara fotográfica dirigió la incursión como si fuera un paseo campestre. Pues no había custodia militar ni policial. ¡Increíble!.

Estas dos operaciones terroristas – de gran connotación – eran más que suficientes para que la DINI, proyectara al jefe de Estado, como inteligencia predictiva, cuáles serían los posibles escenarios de riesgos y amenazas a la seguridad. Ello, considerando el nuevo perfil operacional que denotaba estábamos ante una escalada terrorista; cuyo planeamiento y ejecución se encuentra a cargo de su principal comandante de operaciones.

Pero, no lo hicieron pese a que la supradicha red terrorista, reitero, ha escalonado sus ataques contra el Estado peruano.

Esto, se ve reflejado indubitablemente en el hecho objetivo que el gobierno – frente a dicha escalada – mantiene el anacrónico modelo de seguridad reactivo, caracterizado por su escasa o nula capacidad a la anticipación y su dificultad para enfrentar la amenaza del terrorismo. Reaccionándose recién después de los ataques.

¿Cuáles son los hechos del modelo de seguridad reactivo?

La red terrorista que opera en el VRAE al tomar la iniciativa de expandirse geográficamente –insisto, valga la redundancia, aplicando el principio de dispersión – fuera del ámbito geográfico del Valle de los ríos Apurímac y Ene, para operar sorpresivamente (sin ser detectado por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia) en la zona de La Convención, Cusco secuestrando a los 36 trabajadores en Kepashiato, el 9 de abril de 2012, se produce un primer hecho de connotación.

¿Cuál fue la reacción del gobierno?

Al verse sorprendido por este ataque terrorista, decide ampliar la jurisdicción y competencia del Comando Especial del VRAE (CE-VRAE) a cargo del VRAE, hacia la zona del Mantaro. Para lo cual fue denominado como VRAEM. Esto es, le agregaron una letra, la “M”, que comprendía La Convención, Cusco. Al paso que vamos: ¿Cuántas letras del abecedario le agregarán? Pronto lo sabremos.

Y enviaron apresuradamente tropas hacia esta última área geográfica, sin planificación alguna, al punto que los efectivos militares están ocupando como bases las instalaciones de colegios para niños, generando un comprensible malestar entre la población civil, particularmente en los padres de familia. Asimismo, se creó el Destacamento La Convención, dentro de la Región Milita VRAEM, al mando del coronel EP. José Qwistgaard Suárez. Ello, después del fracaso de la llamada “Operación Libertad” en abril del 2012.

Luego, de acuerdo al modelo de seguridad reactivo imperante, lejos de efectuarse el tránsito hacia un modelo de seguridad proactivo, capaz de anticiparse a posibles escenarios y según su evaluación evitarlos, como correspondía a la gravedad de la situación, se dejó que las cosas evolucionaran por sí mismas.

Hasta que – como se ha señalado párrafos ut supra – el pasado 6 de octubre se produjo al ataque terrorista al aeródromo de Kiteni donde se destruyeron tres helicópteros. Y siete días después (el 13 de octubre) atacaron una camioneta de la Policía, matando a dos suboficiales e hiriendo a tres efectivos cuando el vehículo se desplazaba por el kilómetro 51 de la carretera a Kepashiato, en el distrito de Echarate. Iniciándose a raíz de esta ofensiva una segunda ola reactiva, ante hechos consumados. Veamos.

¿Cómo reacciona el gobierno?

Decide militarizar la zona de La Convención y nombran, mediante Resolución Suprema N° 531-2012-DE, su fecha 16 de octubre de 2012, en la Región Militar VRAEM, como Comandante General del Destacamento La Convención, al general E.P. Jorge Celis Kuong, en reemplazo del coronel E.P. José Qwistgaard Suárez, quien estuvo en dicho empleo por tan solo seis meses.

Ahora, este Destacamento contará con cinco batallones para conformar cinco Bases Contraterroristas (BTC), disponiendo de 750 efectivos distribuidos en quince compañías (tres por batallón).

Adicionalmente, se instalarán otras ocho BTC en las zonas de Canae, María, Malvinas, Oropel y en las proximidades de las estaciones de bombeo P1, P2, P3 y P4. Y según el ministro de Defensa, doctor Pedro Cateriano Bellido, cada mes se construirán al menos tres con la finalidad de incrementar la presencia de las FFAA en La Convención.

Entonces la estrategia militar consiste en instalar más BCT y con ellas buscan controlar el territorio. Olvidándose que la red terrorista Sendero Luminoso es un actor no estatal interno predominantemente clandestino que no tiene una zona territorial definida, pues está en constante movimiento y es mutante. Por ende es incontrolable y de muy difícil ubicación.

Pues practica la Guerra Asimétrica como variable principal de la Guerra de Cuarta Generación (4GW) contra el Estado peruano,  cuyo objetivo no es la conquista de posiciones. Es un enemigo no visible y fantasmal que aparece sorpresivamente para atacar y luego desaparece. Por eso la militarización del conflicto es un error, porque con ello no se logrará derrotar al enemigo. Ya lo sabemos. No se puede orientar todo al sector militar.

En esta clase de guerra se debe buscar ganar la mente y los corazones de la población con la presencia activa de un Estado que emprenda obras de desarrollo a fin de quitarle a las redes terroristas cualquier forma de respaldo. La acción social es fundamental.

En dicho escenario las acciones de inteligencia deben cumplir un rol de primer orden para alertar a las tropas. Pues necesitan información precisa oportuna y eficaz para anticiparse a cualquier ataque. Y no actuar reactivamente ante hechos consumados.

La unidad de dirección en la Comunidad de Inteligencia no funciona. ¿Por qué? Porque el Director Ejecutivo de la DINI, no tiene el peso específico necesario para aplicar dicho principio doctrinario en el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

En conclusión, las cosas no están caminando bien en lo que concierne a la lucha contraterrorista en el país. La escalada senderista ha producido los efectos deseados por sus planificadores y los comandantes de operaciones, generando un escenario que afecta a la seguridad y crea una situación de alarma en la población.

¿Cuál es la percepción de la ciudadanía?

Según advierte la última encuesta nacional de Datum, publicada el 15 de octubre de 2012, en el diario Perú 21, el 93% de los encuestados considera a Sendero Luminoso como una amenaza para el país; y el 87% cree que el terrorismo puede tener un impacto negativo en la economía.

En esencia y sustancia, la abrumadora mayoría de los peruanos siente que el terrorismo avanza en nuestro país, mientras el presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez culpaba a la prensa de hacer una “novela” del ataque terrorista en Kiteni. Como reza el adagio popular: “No hay peor ciego que el que no quiere ver” ¿Qué les parece?.

de Montesinos Torres, el Viernes, 19 de octubre de 2012 a la(s) 18:46 ·